Ley 2/2023, el Canal de Denuncias y la nueva Autoridad Sancionadora.
La Ley 2/2023 se aprobó el pasado 20 de febrero del 2023 con el objetivo de proteger a las personas que denuncian irregularidades o casos de corrupción. Esta ley, basada en la Directiva Europea Whistleblowing, garantiza que los denunciantes puedan informar sobre malas prácticas sin miedo a sufrir consecuencias, promoviendo un entorno ético y transparente en el ámbito empresarial y profesional.
¿Quién está obligado a implementar un canal de denuncias?
Esta normativa afecta a una amplia variedad de organizaciones, entre ellas:
- Empresas con más de 49 empleados
- Organismos públicos
- Despachos profesionales vinculados a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
Todas estas entidades deben disponer de canales de denuncias seguros y confidenciales, que faciliten la recepción de denuncias y permitan mantener comunicaciones anónimas con los informantes.
Creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
Una de las novedades más destacadas de la Ley 2/2023 es la creación de la Autoridad de Protección del Informante. Esta entidad, cuyo decreto se sacó a consulta pública el 9 de mayo, será conformada por 42 profesionales encargados de recibir denuncias y sancionar a las empresas que no cumplan con la normativa.
- En primer lugar, supervisar que todas aquellas empresas que tengan obligatoriedad estén cubiertas con un canal de denuncias que cumpla con todos los requisitos que impone la Ley 2/2023. Deben tener sistemas internos para que puedan recibir denuncias de forma anónima y confidencial.
- En segundo lugar, la Autoridad de Protección podrá recibir denuncias externas: Si un denunciante no confía en el sistema de canal de denuncias o piensa que no se ha gestionado o bien la empresa no cuenta con un canal de denuncias, puede acudir directamente a la Autoridad de Protección para hacer su denuncia donde se investigará el caso de manera imparcial.
- En tercer lugar, proteger al denunciante: Uno de los mayores temores de los denunciantes es sufrir represalias, como perder el trabajo o ser acosado por el motivo de su denuncia. Esta Autoridad garantiza que estas personas estén protegidas y que su identidad se mantenga en secreto, salvo que sea necesario revelarla en casos judiciales.
- Finalmente, imponer multas: Si una empresa, despacho profesional o entidad pública no cumple con la ley, la Autoridad de Protección puede sancionarlas con multas que pueden ir desde 1.000 hasta 1 millón de euros, dependiendo de la gravedad del caso.
Retos y Desafíos para la Autoridad Independiente de Protección del Informante
La Autoridad de Protección es un gran avance ya que el ritmo de implementación ha sido lento y no se ha podido controlar el cumplimiento de esta ley, por lo que se enfrenta a algunos desafíos importantes:
Recursos suficientes: La Autoridad de Protección recibirá muchas denuncias, sobre todo en los primeros años hasta que la situación se regularice, necesitará el personal y los recursos adecuados para gestionar todo de manera eficiente. El pasado 9 de mayo se sacó a consulta pública el decreto que anuncia su creación y prevé una plantilla de 42 personas y un coste inicial de creación de 4,6 millones de euros.
Desconocimiento general: Es muy probable que haya muchas empresas afectadas que desconocen dicha ley y su obligado cumplimiento, por lo que habrá muchas empresas afectadas que necesitarán dotarse de un canal de denuncias de forma urgente.
Ganar la confianza de los trabajadores: Uno de los mayores retos será que los informantes confíen en el sistema y se atrevan a denunciar sin temor a represalias.
En conclusión, la Autoridad de Protección al Informante es una herramienta fundamental para aplicar la Ley 2/2023. Su misión es proteger a los denunciantes y asegurar que las empresas, despachos profesionales y organismos públicos cumplan con la normativa. Con la Autoridad de Protección al Informante, se podrá denunciar de manera segura y confidencial, sabiendo que están protegidos y que se tomarán medidas si se detectan irregularidades.
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